Desde la publicación de la Resolución Ministerial 326-2020-MINEDU, el Sutep ha alertado al magisterio nacional acerca del peligro que este representa para la gratuidad constitucional del sistema educativo público, los derechos laborales de docentes, auxiliares y administrativos y la economía de las familias más vulnerables.

1.     Abre las puertas a la privatización de las IE.

Analizando la RM, podemos notar que desde la concepción misma del nombre “Disposiciones que regulan y orientan los convenios para la gestión de instituciones educativas públicas educación básica a cargo de entidades sin fines de lucro”, se está allanando el camino a una privatización de las escuelas estatales. Es a través de los convenios que una IE de gestión pública podrá pasar a una de gestión privada. ¿Qué significa esto? Que la dirección de cualquier colegio público podrá ir a manos de una entidad privada. Esto abre la posibilidad de que cualquier empresa, con fines de lucro, abra una sucursal bajo la descripción de “sin fines de lucro” y tome la administración total de un colegio público.

2.     Vulnera los derechos de docentes, auxiliares y administrativos.

Al pasar la gestión a entidades privadas, es decir la dirección del colegio, la contratación y reasignación de docentes nombrados dependerá exclusivamente de la dirección escolar, es decir, del director. Aquí empiezan a vulnerarse los derechos del plantel. Supongamos que la entidad sin fines de lucro nombra a un director que piensa que hay demasiados profesores, o trabajadores administrativos, perfectamente podría reducir personal y así ahorrar el presupuesto base que le asigna el Estado, pues la contratación depende exclusivamente de la dirección. Igual sucede si este representante escolar genera animadversión hacia ciertos docentes, su remoción del cargo no tiene que justificarse en nada, solo en su estado de ánimo. Esos peligros genera la gestión privada en escuelas públicas. 

3.     Afecta economía de padres de familia.

La gestión privada de IE tiene como característica pedir a las entidades postulantes un plan “costo-beneficio” que “asegure” la inversión en mejorar la calidad de las escuelas, pero, ¿cómo se conseguirá esta meta si el presupuesto asignado por el Estado solo cubre las necesidades básicas de la escuela y la plana de trabajadores? Bueno, esto obligará a las direcciones a buscar dinero de otros lados y ¿de qué otra forma se financiará los diferentes gastos? A través de los padres de familia mediante los conocidos cobros indirectos o “aportes voluntarios”. De no darse estos “aportes”, las familias que no cumplan serán excluidas. Esto compromete de entero la gratuidad del sistema educativo público.

Estas tres razones son los riesgos principales que se corre al implementar los convenios de gestión privadas en escuelas públicas. Es por esto que, como interlocutores válidos del magisterio, exigimos la inmediata derogatoria de la Resolución Ministerial 326.

¡Políticas privatizadoras no pasarán!