El próximo domingo 9 de diciembre se realizará un referéndum a nivel nacional donde la ciudadanía podrá aprobar o rechazar las cuatro reformas constitucionales de los sistemas políticos y judiciales en un intento del gobierno por enfrentar la crisis social y política que vive el país.

Estas reformas están divididas en cuatro preguntas fundamentales. La primera cuestión aborda la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia en lugar del Consejo Nacional de la Magistratura. De este manera, se propone la selección de magistrados a través de un concurso público, ya que actualmente son elegidos por representantes del Poder Judicial y colegios profesionales, entre otras instituciones. También se propone que los magistrados que conformarán la Junta Nacional de Justicia deberán ser abogados con 25 años de experiencia comprobada o 15 años ejerciendo como investigador en temas jurídicos. Asimismo, no deberán tener una sentencia condenatoria por delito doloso.  Estos magistrados podrán revisar los procesos de selección que hizo el antiguo CNM. Con estas propuestas de cambios en el sistema de justicia se propone una mayor transparencia en la elección de magistrados.

La segunda cuestión se centra en la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas. La exigencia de bancarizar los aportes y de solo emplear los espacios publicitarios de radio y TV contratados por el Estado apuntan a ese fin.

Por otro lado, entre las modificaciones que plantea esta cuestión, está que todo aquel que falte a esta norma no solo tendrá una sanción administrativa, como se hace hasta ahora, sino que se le asignará una responsabilidad penal. Esta medida busca reforzar la lucha contra la corrupción al transparentar la manera en la que los partidos se encuentran financiados y prevenir que sean utilizados como organizaciones de fachada para realizar lavado de activos.

La tercera cuestión apunta a la prohibición de la reelección inmediata de los parlamentarios. Con esta polémica medida se busca evitar la reelección de los actuales congresistas que tanto daño le han hecho a este poder del Estado.

La última cuestión establece la bicameralidad, proponiendo dos cámaras, una con 130 senadores, otra con 50, a diferencia de cómo está planteado actualmente (130 escaños). Esta medida, sin embargo, ha sido desnaturalizada por el actual congreso ya que según la interpretación que han establecido, los congresistas pueden postular a los cargos de diputados y senadores, contraviniendo la tercera medida al acceder de igual forma a la reelección inmediata del parlamento. Por otro lado, los requisitos propuestos para ser senador son las mismas planteadas para ser congresistas. Además, se retiró la propuesto de paridad entre hombres y mujeres.

¿Qué pasa con el actual congreso?

Las acciones que viene realizando el actual congreso lo ha deslegitimado a los ojos de la ciudadanía. De esta manera, tenemos los blindajes que se han realizado a personajes cuestionados por sus actos de corrupción, como el juez César Hinostroza Pariachi, a quien se le escuchó en los famosos “audios de la vergüenza” negociando la libertad de un violador. De igual forma, se encuentra el blindaje al congresista Edwin Donayre, a quien el Poder Judicial lleva dos meses pidiendo levantar su inmunidad parlamentaria para ser procesado por el robo de combustible a las Fuerzas Armadas.

Recordemos también que el congreso aprobó derogar el DL 1323 que protegía a la población que tiene una diversa orientación sexual y a las mujeres, contra los crímenes de odio y violencia de género a través del endurecimiento de las penas contra los agresores u homicidas. Esta medida impide el acceso a la justicia de estas poblaciones vulnerables y protege a maltratadores otorgándoles impunidad en sus hechos.

Otra de las recientes medidas que ha causado revuelo es la derogación del Impuesto Selectivo al Consumo a los casinos y tragamonedas. La suspicacia viene porque Miguel Torres, congresista fujimorista que respaldó la derogación, tiene vínculos familiares con personas que son parte del estudio Torres y Torres Lara, el cual patrocina empresas dedicadas al juego de azar y casinos.

Finalmente, no podemos ignorar la Ley de Financiamiento ilegal de partidos, impulsada por la coalición fujiaprista que impide que los partidos políticos dedicados al lavado de activos sean investigados como organizaciones criminales ¿y quiénes serían los beneficiarios? sus cuestionados líderes Keiko Fujimori y Alan García.

Por este motivo, el referéndum representa un avance en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en los sistemas políticos y judiciales. Se espera que la ciudadanía se decida por el SI SI SI NO, pues la implementación de estas medidas implicarían una reforma cuyas consecuencias serían positivas para la población.

Sin embargo, sigue existiendo la necesidad de un cambio sustancial y este solo se dará con la implementación de una nueva constitución que reemplace a la actual constitución neoliberal del 93, aprobada durante el fujimorato, y que defiende los intereses de los grandes empresarios para explotar nuestros recursos naturales y a nuestro pueblo. Esta nueva constitución tiene que reconocer plenamente los derechos políticos, civiles y sociales de los peruanos y servir para reducir las diferencias sociales que impiden a la población aspirar a un futuro mejor.