• SUTEP ha pedido reunión con Misión de Alto Nivel.
• Dirigencia iniciará huelga de hambre por los derechos del magisterio y la educación.

El SUTEP solicita ser escuchado por la OEA.

Es formal. La dirigencia nacional del SUTEP ha solicitado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos – OEA, Luis Almagro, ser escuchada por la Misión de Alto Nivel que llegará al Perú tras la activación de la Carta Democrática.

Nuestro sindicato ha elevado esta solicitud por ser el representante mayoritario del magisterio peruano, con más de 300 mil maestros y auxiliares afiliados, y 50 años de histórica lucha en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.

El SUTEP lucha hace 50 años por la defensa de los derechos del magisterio.

Como parte de la sociedad civil organizada del Perú, demandamos atención de la comunidad internacional ante la permanente hostilización emprendida por el gobierno de Pedro Castillo contra nuestros dirigentes y bases, instrumentalizando al Ministerio de Educación, en una actitud transgresora no solo de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y el ordenamiento jurídico nacional, sino también de los tratados internacionales suscritos por el Estado Peruano, sobre todo los que protegen el derecho de los trabajadores a la sindicalización y la defensa de sus derechos.

Desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, el SUTEP ha sido blanco de ataques orquestados por los colaboradores del régimen, como los exministros Íber Maraví, en el sector Trabajo, y Carlos Gallardo, en la cartera de Educación; práctica que ha sido continuada por el actual titular del sector, Rosendo Serna, con una serie de medidas antilaborales, antisindicales e inconstitucionales.

A ello se suma el apoyo que tienen estas acciones por parte de la representación congresal oficialista en la denominada “Bancada Magisterial”, cuyos integrantes están investigados por presuntos hechos dolosos y son conocidos promotores de la división del magisterio.

Contra la educación

El gobierno de Pedro Castillo incumple con la Constitución al no asignar el 6 % del PBI al sector Educación, como establece el artículo 16, reformado en el 2020 gracias a las luchas emprendidas por nuestro sindicato, que logró la Ley 31097, con el objetivo de poner la inversión estatal en educación en el promedio regional.

Lejos de ello, para este año el gobierno ha propuesto la reducción del PBI asignado a Educación, pasando de 4.2 % a 4.1 % en el 2023.

Castillo desatiendo las necesidades del sector, que siguen en aumento. Como ejemplo se tiene que la brecha de infraestructura antes de la pandemia por el Covid-19 era de s/ 100 mil millones, y ahora es de s/ 111 mil millones, según cifras del propio Ministerio de Educación.

Todo ello pese a que el presidente señaló ante la asamblea de la ONU que la educación era prioridad para su gobierno.

Así también, atenta contra la Educación Intercultural Bilingüe, que es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, reconocidos con normas nacionales e internacionales y con plena participación de los derechos a la lengua, identidad étnica y cultural durante el proceso de enseñanza aprendizaje. El Ejecutivo, el presidente y su ministro de Educación, han emitido normas que a todas luces son un retroceso, afectando a los hijos de los pueblos originarios y atenta contra la calidad de la enseñanza.

Acciones antisindicales 

Castillo, Serna y su organización fachada usan el poder para atender sus intereses políticos.

Valiéndose del uso abusivo del poder, el gobierno de Pedro Castillo legalizó su propia organización sindical, otorgándole un reconocimiento nacional que por ley no le corresponde, así como licencias sindicales sin tener representatividad acreditada. 

Los integrantes de dicha organización han tenido participación directa a nivel Ejecutivo, como es el caso del prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y del investigado ex Secretario General de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco.

También ocupan la alta dirección del Ministerio de Educación, desde donde han realizado visitas a las regiones e instituciones educativas del país para coaccionar a los maestros y auxiliares, a fin de ponerlos en contra del SUTEP y sus dirigentes.

Otros hechos que describen la actitud de ataque del gobierno son la negativa al otorgamiento de licencias sindicales a la dirigencia del SUTEP, pese a que nuestro sindicato cumplió con su solicitud formal en noviembre del 2021. Las licencias recién fueron otorgadas en agosto de este año, generando un vacío que le valió para iniciar procesos administrativos disciplinarios y dejar sin remuneración a los representantes del SUTEP, entre ellos nuestro Secretario General, compañero Lucio Castro, y la Secretaria de Equidad y Género, Maruja Leyzaquía, argumentando un presunto abandono de cargo.

Asalto del fondo previsional

El magisterio rechaza la ilegal intervención de su fondo previsional.

La cúspide de las acciones gobiernistas contra el magisterio, al que dice representar, fue la emisión del Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, norma inconstitucional e ilegal, con la que pretende tomar por asalto el fondo previsional de los maestros.

Inconstitucional, porque yendo en contra de lo señalado por la Carta Magna busca intervenir una entidad de derecho privado, libre asociación y que no recibe ningún fondo público; e ilegal porque contraviene el marco normativo que regula el funcionamiento de las entidades previsionales, supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual ha señalado que el DS 009-Minedu-2022 contraviene los estatutos de dicha entidad.

El objetivo del gobierno es apoderarse de los fondos de los maestros y auxiliares de educación a través de su organización sindical, con el abierto y claro objetivo de financiar un plan político que ha sido rechazado por el magisterio peruano desde la década del 80. 

Es notoria la presión por parte del gobierno pues el ilegal reglamento para la intervención de la Derrama se modifica constantemente para favorecer a la organización de Castillo. 

Negociación colectiva 

Debe conocerse también que el gobierno ha violado la Ley 31188, Ley de Negociación Colectiva para el sector público, al incumplir los 24 acuerdos adoptados con el SUTEP, como representante mayoritario del magisterio.

Llegar a esos acuerdos no fue tarea sencilla, pues el gobierno demoró, de manera premeditada, seis meses para instalar la mesa de negociación colectiva, pese al permanente reclamo de nuestro sindicato.

Ante estos atropellos, hostilización y postergación de las justas demandas del magisterio peruano, el SUTEP ha convocado a su dirigencia al inicio de una huelga de hambre a nivel nacional, y espera que la Misión de Alto Nivel de la OEA tenga la apertura suficiente para escucharlo. 

¡Sin luchas no hay victorias!

¡Viva el SUTEP!