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Las muertes en Ayacucho y el silencio del gobierno

  • Reportaje de IDL Reporteros confirmaría uso letal de la fuerza pública.
  • No todas las víctimas eran manifestantes. 

Las muertes se produjeron en torno al aeropuerto de Huamanga.

La violencia no es el camino. Los maestros y auxiliares de educación hemos rechazado desde siempre cualquier práctica violenta y por eso nos convertimos en blanco de ataque no solo de dictaduras y autoritarismos, sino también de grupos terroristas como Sendero Luminoso.

IDL Reporteros ha publicado Radiografía de Homicidios, descarnada y reveladora cronología de lo sucedido en Ayacucho, en medio de las protestas por el adelanto de Elecciones Generales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

En este reportaje se demuestra que al menos 6 de los 10 peruanos víctimas de la represión militar en Ayacucho, el 15 de diciembre pasado, fueron ejecutados extrajudicialmente.

Algunos de ellos ni siquiera participaban de las manifestaciones, sino que arriesgaban su vida auxiliando a los heridos. 

Diez de las cuarenta y ocho muertes de civiles en las protestas en todo el país ocurrieron en Ayacucho, en un lapso de siete horas, el 15 de diciembre pasado. A partir del análisis de registros audiovisuales, documentos y testimonios, IDL-Reporteros reconstruyó cómo y de qué manera murieron 6 de las 10 personas fallecidas durante esa violenta jornada. Se trata de los ciudadanos Josué Sañudo, Edgar Prado, Clemer Rojas, Cristofer Ramos Aime, José Luis Aguilar Yucra y Leonardo Hancco. 

Además, identificó los escenarios, la ubicación y los momentos precisos desde los que se produjeron los disparos y donde cayeron las víctimas. Pudo determinar que en los seis casos investigados los que dispararon fueron militares; así como quiénes estuvieron al mando del operativo militar”, reza el reportaje de IDL. 

Pese a la contundencia de la información y el material audiovisual que la acompaña, en el que se aprecia cómo se usaron armas directamente contra los ciudadanos fallecidos, el gobierno no se ha pronunciado hasta ahora. 

Las violaciones a los derechos humanos, en las que se enmarcaría los hechos de Ayacucho, tienen carga penal y la historia nos ha demostrado que no solo se persigue la sanción contra los autores materiales o el mando militar, sino también contra los responsables políticos. La sentencia contra el dictador Alberto Fujimori por los casos Cantuta y Barrios Altos así lo confirma.

Reconocer los excesos y sancionar a los culpables es una forma de cerrar las profundas heridas que dividen a nuestra sociedad. La impunidad es la peor receta y solo nos va a traer más imágenes como las que se han visto en todas las regiones en las que la represión ha causado muertes, desde diciembre pasado: aquellas en las que las manifestaciones culturales sirven para expresar el dolor y la tragedia de un pueblo que lucha por ser reconocido social y políticamente.

La clase política no puede seguir de espaldas a los reclamos de la ciudadanía. La única forma de superar esta crisis es el adelanto de Elecciones Generales, pues solo la democracia nos puede traer la paz anhelada. 

Seguimos esperando en pie de lucha.

¡Viva el SUTEP!

¡Viva el pueblo que lucha en las calles!

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