A poco más de mes y medio de iniciadas las clases a distancia, enmarcadas en el programa Aprendo en Casa, los problemas de estrategia digital y conectividad siguen sin resolverse, excluyendo así más de un millón de escolares en zonas rurales y altoandinas quedan marginados por no contar con alguna posibilidad de acceder, si quiera, a ondas radiales.

Los que trabajamos en educación observamos preocupados cómo la dirección del ministerio está siendo llevada. Por un lado, tenemos a la viceministra, Patricia Andrade, diciendo ante cámaras que las clases se pueden extender hasta marzo del 2021 -pese a que existen las normas 083 y 099, que estipulan el término del año escolar en diciembre- y por otro,  al ministro del sector, Carlos Benavides, quien dice que el programa tiene 90% de llegada. Si esa cifra fuese real, ¿Por qué se tendría que extender el año?

Parte de la estrategia planteada por el gobierno es mejorar la plataforma de acceso a Aprendo en Casa. Para esto, el Ejecutivo ha afirmado que va a entregar recursos técnicos a docentes y a alumnos. Tanto el presidente, Martín Vizcarra, como el ministro Benavides, han prometido entregar tablets a 840 mil alumnos y 90 mil para profesores, pero esta cifra está muy por debajo del total de estudiantes y docentes del Perú. El primer grupo suman 8 millones y el segundo 400 mil, es decir, que solo se va a atender al 10% del alumnado y al 22% del profesorado. Esto, por supuesto, cuando se cumpla dicha promesa, que permanece en el reino de las ideas, pues hasta la fecha no se ha concretado ni la adjudicación correspondiente.

Ante esta inquietante situación, el Sutep envió oficio al ministerio para esclarecer la forma en cómo se va a dotar al cuerpo estudiantil y docente de estas herramientas. Las respuestas recibidas continúan siendo negativas. No hay fecha de compra, hay cierre de fronteras, el mercado nacional no tiene esa cantidad de recursos, entre otras.  Además, planteamos al sector la implementación, tras la respectiva coordinación con empresas de telefonía, de datos móviles gratuitos para el cuerpo docente y estudiantil para enfrentar esta coyuntura extraordinaria, pero el Estado está dejando de lado su responsabilidad con la educación peruana.

En el último Decreto Supremo, que establece las medidas que debe cumplir la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prórroga del estado de emergencia, en el artículo 14, de la educación no presencial o remota, se establece que es el Ministerio de Educación el encargado de asegurar este servicio en condiciones de calidad a todos/as los estudiantes del país. Somos testigos como este novel documento queda en letra muerta al compararlo con la realidad.

El gobierno se le olvida también el artículo 14 de la Constitución del Perú, la que dicta que “los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.” Bajo el cumplimiento de esta norma, y el artículo 24 de la Ley General de educación (Artículo 24°.- Empresas b) Promover alianzas estratégicas con instituciones educativas para el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación profesional de los trabajadores y estudiantes del sistema educativo, que permitan acceder a empleos de mejor calidad) se puede, y debe, formar alianzas con las compañías de telecomunicación a fin de brindar planes de datos gratuitos a alumnos y docentes para no afectar los bolsillos ni de los padres de familia ni los maestros/as.   

Profesores, exigir nuestro derecho es fundamental para practicar nuestra ciudadanía, el artículo 3 de la Constitución ampara nuestro reclamo. No dejemos que ningún niña y niño se quedan fuera de su derecho de escolaridad, que ningún maestro se vea afectado por la falta de gobierno y manejo ministerial.

¡Mejoras en la educación a nivel nacional, que nuestros hijos no se queden sin estudiar por culpa de un gobierno incapaz!