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Evaluaciones y meritocracia sin vulnerar al docente

El docente debe ser evaluado por su desempeño en el aula.

En sus casi 50 años de lucha sindical, el SUTEP siempre ha trabajado por la mejora de la educación y defendido los derechos del magisterio, en todos los frentes, entre ellos el de acceder a mejoras en la Carrera Pública Magisterial a través de un proceso de evaluaciones que fortalezca el carácter pedagógico, formativo y científico, que genere la retroalimentación necesaria en beneficio de los estudiantes y promueva la meritocracia. 

No es un secreto que como sindicato nos hemos opuesto a toda reforma que vulnere los derechos de las maestras y maestros del país, por lo que nuestra demanda permanente es que en todo cambio que se impulse respecto a la educación se incluya y reconozca al docente como eje central.

Consideramos que la evaluación para ascensos de nivel en la Carrera Pública Magisterial – CPM, tiene que incluir la actualización del docente y la aplicación de nuevos paradigmas educativos, con instrumentos objetivos y validados que permitan certificar nuestro desempeño en el aula. 

Por tal razón, planteamos que las jornadas y actualizaciones que se programen desde el Ministerio de Educación, de cara a las evaluaciones, estén a cargo de personal altamente calificado con la finalidad de garantizar la resolución casuística de cada desempeño a evaluar, dejando de lado la sola transmisión teórica-conceptual de contenidos o simplemente la sociabilización del proceso.

Evaluación no punitiva 

El Estado, a través del Ministerio de Educación, debe respetar los derechos laborales de los maestros.

En consecuencia, el SUTEP sí apoya la evaluación en tanto se garantice el respeto al docente, contraria a la posición de organizaciones que, además de promover el divisionismo gremial, pretenden echar por tierra todos los esfuerzos que se han dado en aras de estimular la preparación continua y la meritocracia. 

Podemos discrepar con las decisiones tomadas por algunas gestiones en el Ministerio de Educación al respecto, pero no podemos oponernos a llevar a cabo un plan de mejora. Como sindicato nos oponemos a una evaluación punitiva, que establece que los educadores del país tienen que someterse a una evaluación del desempeño para continuar en su puesto de trabajo. ¡Eso es vulnerar los derechos laborales!

Cuando la evaluación docente pretende una certificación o reconocimiento internacional, el objetivo es responder a los intereses de las políticas internacionales. Si el objetivo es avanzar en la calidad de la educación, la información no debe ser una forma de coaccionar a los y las docentes, sino una herramienta para analizar dónde están las debilidades y cómo superarlas. De este modo podremos plantear mejoras para una educación integral, que responda a las necesidades del desarrollo nacional y  regional, así como a los diferentes sectores de la población.

Cronología del proceso

Nuestro sindicato cree en la meritocracia, pero se opone a las evaluaciones punitivas.

La evaluación de permanencia está establecida en la Ley General de Educación y la Ley de Reforma Magisterial.

En el 2016, al discutirse su implementación, el Ministerio de Educación entendía que dicha evaluación consistía en la mera aplicación de pruebas estandarizadas a los docentes. Frente a este abuso, los maestros y maestras desarrollamos una tenaz lucha en las mesas de diálogo, representados por el SUTEP. De este modo llegamos a la conclusión de que la evaluación de permanencia, llamada por el MINEDU Evaluación de Desempeño Docente – EDD, tenía que darse en el aula, al ser este el espacio en el que el docente desarrolla su trabajo pedagógico con la eficiencia y eficacia que ello requiere.

Este punto se convirtió en el primer triunfo del SUTEP frente a lo planteado por el MINEDU. Como consta en la histórica acta del 14 de julio del 2017, se estableció que todo el primer tramo de la EDD (que incluyó al nivel inicial) debía convertirse en un diagnóstico, por ser la primera vez que se desarrollaba, y porque no existe en el país una cultura evaluativa, ya que es necesario evaluar a todos los actores, empezando por el propio MINEDU, cuyos funcionarios implementan las reformas. 

Del mismo modo, se acordó la postergación de las evaluaciones mientras se profundice la sociabilización de los instrumentos de evaluación, y que mientras no se haya realizado la actualización de los docentes en los nuevos paradigmas educativos nadie sería sometido a este proceso. Es por ello que se postergó el inicio programado para junio a noviembre del mismo año (primera postergación).

Rechazar por rechazar 

Oponernos nos pondría en el nivel de quienes en el 2017 promovieron una huelga magisterial en rechazo a las evaluaciones, postura que fue cuestionada por los padres de familia, permanentes aliados de las luchas emprendidas desde 1972 por el SUTEP en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. 

Es irresponsable negarse a la evaluación, pues esta promueve una saludable competencia entre los profesionales de la educación. Sin embargo, los divisionistas jamás estarán de acuerdo con ella, ya que sus intereses son políticos y no el beneficio de toda la comunidad escolar.

 

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