En los últimos meses el Ministerio de Educación ha publicado una serie de normas confusas respecto a la educación remota, y ahora presencial, en zonas rurales. 

Primero, se buscó implementar un plan de educación virtual a través de internet y otros medios de comunicación, pero como los tecnócratas del ministerio no tienen ni idea de las circunstancias en estas zonas, no previeron la falta de conectividad. Luego, y tras sendos mensajes del Sutep, dijeron: “vamos a comprar tablets para los escolares de las zonas más alejadas donde no llegue el internet”. Han pasado meses y aún ni se concreta la compra. Ahora, nos dicen que donde no haya presencia del Covid-19 se retomarán las clases presenciales.

Con la emisión de la Resolución Viceministerial 116-2020-MINEDU, se pretende obligar al retorno a las aulas a partir del 01 de julio en las instituciones educativas de ámbito rural, con acceso limitado a medios de comunicación y conectividad. De este modo parecerían reconocer el fracaso del programa “Aprendo en Casa”, y su supuesta llegada al 95% de estudiantes, nos vuelven a mentir con un supuesto “control” sobre el virus y el latente riesgo que significa reabrir las escuelas en las circunstancias actuales.

En este contexto encontramos seis puntos nodales sobre los que giran los requisitos para reabrir las escuelas:

1.   Centros poblados con cero casos de Covid-19.
2.   Que el inicio de clases se dé en instituciones educativas rurales 1 o 2.
3.   Docentes y directivos tienen que residir en el lugar de la I.E. y no ser portadores del virus.
4.   Autoridades, organizaciones, prefectura y comunidad educativa tienen que estar de acuerdo con el inicio de clases, pues si llegara a ocurrir alguna eventualidad, la responsabilidad recaería sobre ellos.
5.   El personal de la I.E. tiene que contar con los materiales de limpieza que forman parte del protocolo.
6.   I.E. debe contar con condiciones de salubridad.

Como docentes sabemos que en zonas alejadas los profesores se trasladan de escuela a escuela para dictar clases. Con esto el punto 3 queda inválido. También conocemos la realidad de las instituciones y la falta de material de todo tipo; desde pedagógico hasta de limpieza, y lo más importante, que como magisterio tenemos datos que revelan que 2 de cada 10 escuelas rurales no cuentan con el servicio básico de agua y desagüe. ¿Ante esta realidad, como pretende el Ministerio de Educación comenzar las clases presenciales, bajo las condiciones que ellos mismo proponen, para el 01 de julio?

Todo esto nos hace pensar que el ministro Martín Benavides firma a la volada cualquier resolución que sus asesores le ponen en el escritorio sin leer, ni contrastar con la realidad peruana. O, ¿es que acaso ve cerca el fin de la pantomima de la compra de tablets y buscar desesperadamente cualquier herramienta que le salve el puesto por unos meses más?

Precisamente, la Contraloría General de la República ha emitido una alerta en la que advierte sobre una eventual imposibilidad de compra de estos equipos tecnológicos. De acuerdo al documento, las empresas postoras informaron al ministerio sobre lo reducido del tiempo de compra, limitaciones de stock y falta de precisiones del proceso que impedirán la validación necesaria para el proyecto. Algo comienzo a oler no tan bien como manifiesta el ministro Benavides.  

Por otro lado, En algunas regiones ya comenzaron a escucharse las voces de protesta. En Arequipa, los padres de familia, profesores y miembros de la comunidad, no están de acuerdo con el inicio de clases presenciales y no enviarán a sus hijos a un eventual contagio y posterior esparcimiento del virus. Ellos parten de la realidad de que en dichas zonas no existen hospitales, centros médicos, ni postas. Tampoco llegan las pruebas rápidas ni moleculares para el despistaje correspondiente. 

El Sutep no aceptará que se arriesgue la vida y la salud de los estudiantes, profesores y auxiliares, así como de sus familiares, por culpa de una mala gestión ministerial. No permitiremos que los escolares ni los miembros del magisterio paguen los pasivos de una administración que se dispara a los pies y miente para quedar bien con la opinión pública.

Exhortamos a los directores y padres de familia a rechazar cualquier imposición por parte de las ugeles o direcciones regionales. La norma les permite detener esta nefasta medida.

¡Basta de mentiras, ministro Benavides!