Aproximadamente 8 millones 250 mil peruanos están entre las edades de 0 a 15 años. De ellos, 7 834 543 están en la etapa escolar y de este último grupo 5 795 017 estudian en el sistema educativo público (Minedu). 

Recientemente, a causa de las medidas restrictivas tomadas por la llegada de la pandemia a nuestro país, 400 mil han abandonado sus estudios por diferentes razones. El Minedu no quiere llamarlo deserción, pues estaría llevando mucha carga sobre el individuo- según el ministro Benavides- pero hay que poner los puntos sobre las íes y reconocer que los escolares no abandonan sus estudios porque quieren, sino porque el contexto y la necesidad de apoyar en la economía familiar los empuja a trabajar.

Esta crisis sanitaria ha puesto en evidencia algo que el Sutep venía alertando desde hace décadas. La educación pública está en abandono. Sin aumentar la inversión por más de 30 años, se dejó que las brechas educativas crezcan, entre ellas la digital. El resultado: 60% de IEs de educación primaria no tienen acceso a internet según las cifras del Ministerio de Educación.

El problema es a nivel social, no puede ser posible que en pleno siglo XXI, a menos de un año de celebrar 200 años de creación republicana, seamos uno de los países del mundo que sus niños sufren de anemia. El 43,6% de los niños menores de 3 años sufre de este mal en nuestro país. ¡Esta cifra no ha disminuido en los últimos 5 años!

Los problemas alimenticios en el Perú se expanden de extremo a extremo. Aún tenemos un importante número de niños y niñas, menores de 5 años, con desnutrición crónica. Muchos de nuestros niños y adolescentes, que entran a dicha etapa de la vida, entre 10 a 19 años, sufren de sobrepeso. Este mal se incrementó de 10.9% en 2014 a 18.5% en 2018. Una situación similar se presenta con el indicador de obesidad que creció de 3.3% a 7.5% entre el 2014 y el 2018.

Otro flagelo que nos aqueja como sociedad es el embarazo adolescente, esto refleja que, como país, necesitamos fortalecer la educación sexual integral (ESI). De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, 12 de cada 100 adolescentes están embarazadas o ya son madres. En pandemia, durante enero y septiembre, se atendieron más de 33 mil partos de menores de edad, de acuerdo al Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo del Minsa. Las razones son varias, pues el problema es sistémico. Entre ellas, la limitada confianza de comunicación con los padres, falta de acceso a métodos anticonceptivos, alta tasa de familias desintegradas, entre otras. 

La violencia sexual es un punto a parte. Solo en agosto de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reportó, a través del programa Aurora, 54 125 incidencias de algún tipo violencia, de las cuales 3 513 fueron referidas a abusos sexuales a mujeres menores de 17 años. 

Nuestra región es particularmente violenta, y esto se aprecia en los altos índices de maltrato infantil. De acuerdo a la OEA, al menos 40 millones de niños, niñas y adolescentes sudamericanos, menores de 15 años, sufren violencia en el seno familiar, escolar y entornos cercanos.

En la semana del niño/a tenemos mucho que reflexionar y mucho por hacer como país. Para disminuir estos números debemos estar alertas y denunciar de forma temprana cualquier tipo de violencia, o sospecha, contra los más vulnerables de nuestra sociedad como lo son los niños, niñas y adolescentes. 

Recordemos que según la ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, cualquier persona que conozca los hechos puede denunciar.

Los docentes tenemos el deber de proteger la integridad de nuestros estudiantes y si tenemos  conocimiento de este tipo de situaciones, estamos en la obligación de denunciar tal delito ante las autoridades.

Para conocer más sobre la Ley 30364 ingrese AQUÍ.