El Sutep, en coordinación con diferentes gremios magisteriales y asociaciones de APAFAS, ha comenzado una campaña nacional en contra de la Resolución Ministerial 326, por representar el inicio de la privatización encubierta de las escuelas públicas. Es por ello que pedimos a todas las bases regionales que sirvan de interlocutores para que en cada región se forme una UNDEP (Unión Nacional en Defensa de la Educación Pública), que incluya a todos los gremios que tengan injerencia en la educación nacional a fin de servir de plataforma de acción para trabajar de forma conjunta con los Gobierno Regionales. La meta es frenar el avance de esta peligrosa RM, pues, como ya hemos mencionado en anteriores oportunidades, abre la puerta a la privatización y daña el marco legal de derechos de trabajadores de la educación.

Necesitamos que, una vez formada la UNDEP, nuestros pares regionales anuncien su posición ante los medios de comunicación de todo el país. Por nuestro lado realizaremos una serie de conferencias virtuales gratuitas, de forma periódica, para esclarecer dudas y exponer las verdaderas intenciones detrás de esta RM.

Como ya hemos anunciado en nuestras redes sociales, el Sutep ha enviado el Oficio N° 490-2020, donde pedimos al ministro de educación, Carlos Benavides, una reunión de trato directo para atender la problemática magisterial, entre la que está incluida la discusión de la noma legal RM 326 a fin de que ser derogada.

Acuerdo de Consejo Regional del GORE de Moquegua que rechaza entrega de los colegios públicos a entidades privadas.

Un ejemplo positivo es el de la región Moquegua, donde nuestros dirigentes regionales demostraron al Gobernador Regional, profesor Zenón Cuevas Pare, el peligro que este dispositivo legal representa para la gratuidad de la escuela pública y los derechos laborales de los trabajadores del sistema educativo. En respuesta, la autoridad ha adoptado la posición de no ampliar, ni firmar, ningún convenio nuevo tal como estipula dicha RM a través del Acuerdo de Consejo Regional N° 291-2020 por atentar contra la escuela pública. Este ejemplo se tiene que replicar con todos los gobiernos regionales, a fin de defender el derecho a una educación gratuita de calidad y hacer valer el deber constitucional del Estado de invertir en el sector.

Pedimos a todas las organizaciones, involucradas en la educación pública, seguir dicho ejemplo de lucha, no solo para la derogación de la RM 326, sino también en respaldo al 6% del PBI para el sector Educación, e incentivar la creación de una UNDEP en cada región. Asimismo, mantener encuentros con las autoridades regionales para exponer nuestros argumentos y concientizar a la ciudadanía de lo nocivo de esta medida para el futuro de nuestro país.

¡Unidos podemos cambiar la educación peruana!