Con la finalidad de debatir la necesidad del 6% del PBI para educación, y discutir la derogatoria de la Resolución Ministerial 326-MINEDU-2020, se llevó a cabo la Macro Norte, congregando a más de medio millar de docentes, auxiliares, padres de familia y todo aquel ciudadano comprometido con la defensa de la gratuidad de la educación pública nacional de calidad.

En esta oportunidad, nuestro secretario general, Lucio Castro Chipana, participó al iniciar el evento, sosteniendo que estas sesiones virtuales regionales tienen como uno de sus objetivos alternos mejorar la relación entre el magisterio, trabajadores y sociedad civil. Remarcó que no se puede perder la comunicación, pues esto significa contacto y puente de conocimiento sobre el trabajo que viene realizando el Sutep. Es a través de la discusión de distintos fenómenos sociales, o el involucramiento de las organizaciones que luchan por asegurar la calidad en el sistema educativo peruano, que generamos conciencia y responsabilidad cívica. Agregó que con la información recogida en esta plataforma, podremos generar una opinión propia, convencida, y quitarnos el velo de la mentira sobre lo que se viene escuchando en redes sociales y medios de comunicación tradicionales respecto a la RM 326.

Sobre la norma ministerial, Castro Chipana, dijo que es necesario conocer el contenido de la misma, pues esto nos permitirá ser conscientes y estar mejor informados sobre los derechos que se están vulnerando, tanto de nuestros hijos, hijas y estudiantes, así como trabajadores de la educación y personal administrativo.

Por su lado, el profesor, Eleodoro Huamán, subsecretario de organización, estadística e informática, sostuvo que si bien estamos en un contexto distinto, el virtual, esto nos obliga a redoblar los esfuerzos de lucha. Centrando su exposición en los dos temas medulares: el presupuesto idóneo para educación y el rechazo a la privatización, afirmó que se trata de problemáticas con carácter político, originados en el corazón del modelo neoliberal que nuestro país ha asumido por más de 30 años, por lo que debemos combatirlas.

El segundo en intervenir fue el secretario regional de Áncash, Hugo Junes, quien, sobre la RM 326, sostuvo que se trata de un retroceso a tiempos en los que los gobiernos buscaban la forma de privatizar la educación, pero que en cada una de aquellas veces el Sutep, de la mano del magisterio, impidieron tales planes. “Con la 326 intentan privatizar la educación a través de convenios, abre las puertas, se dan términos y condiciones que son cláusulas que debemos entender” sostuvo. Finalmente apeló al deber que tenemos como docentes y auxiliares en defensa de la educación pública y contra todo intento traicionero de privatizar la escuela nacional.

Uno de los peligros que la RM 326 representa para la educación es que, al abrir la puerta a la empresa privada, solo las escuelas que representen ganancias recibirán inversión privada. Es decir, la mayoría de las limeñas, dejando las que se encuentran en zonas rurales relegadas. De todos modos nos preguntamos, ¿de dónde sacarán los beneficios económicos, si no es de los padres de familia?

Todos los docentes, auxiliares, padres de familia y peruanos en general, tenemos la obligación cívica de defender la educación en la escuela nacional gratuita y de calidad. Es por eso que le decimos al ministro Benavides que desista de su intento privatista, derogue la RM 326 y se comprometa a velar por el aumento del 6% del PBI para educación.

¡Políticas neoliberales, y la privatización de las escuelas nacionales, no pasarán!