La presencialidad es la muestra del pleno derecho a la educación
- Garantizar la presencia de los estudiantes en todos los niveles educativos es imperativo.
«La educación es un derecho básico que garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Las desigualdades que existen en nuestro país provocan que la enseñanza online no asegure estos objetivos. Volver a las aulas no debe ser una opción, es una obligación política», Joan Mena, presidente de la Comisión de Educación del Parlamento Español.
Para que esta afirmación sea una realidad en nuestro país, es necesaria la voluntad política del Estado sus poderes y sectores y de todos los involucrados en el quehacer educativo. Indudablemente debe hacerse manifiesto que como profesor el presidente Castillo debería tomar, al menos, ocho decisiones políticas en beneficio de los niños, niñas y adolescentes:
- Asegurar, vía monitoreo constante, actividad intersectorial, alianzas estratégicas, mantenimiento preventivo, que la infraestructura educativa tenga salubridad básica (agua, desagüe, electricidad, Internet).
- El distanciamiento educativo es clave. Así, reducir las ratios escolares (15 a 20 estudiantes como máximo por grupo-aula, según tamaño del aula) y 30 estudiantes por aula universitaria, conforme ahora, al igual que el SUTEP lo propone el ministro de Educación. Solo así, se puede desarrollar una educación verdaderamente inclusiva.
- Padres de familia deben matricular a sus hijos en instituciones educativas cercanas a su casa para que se puedan desplazar a pie.
- Aumentar proporcionalmente y estabilizar el número de profesores, así como de auxiliares de educación, personal de enfermería, administración, limpieza, entre otros; toda vez que más de 300 mil estudiantes han migrado de la escuela privada a la pública.
- Habilitar y crear espacios amplios, recuperando centros cerrados, reutilizando áreas municipales e instalaciones públicas, como parques, complejos, lozas, etc.
- Implementar de forma inmediata la conectividad de internet, como derecho humano y constitucional al servicio de la población.
- Lo más importante, cumplir con lo establecido en el artículo 16° de la Constitución Política, destinar el 6 % del PBI a la educación pública, para que las anteriores medidas sean posibles y hacederas.
- Soporte emocional para la comunidad educativa: alumnos, padres de familia, docentes y trabajadores no docentes.
La presencialidad en los colegios está siendo presentada como lugar de contención y disipación del conflicto social de los y las excluidos(as), con menor capacidad para la democratización del conocimiento científico y el cumplimiento de las tareas de reproducción biopolítica.
Este panorama comienza a evidenciar dos tipos de educación escolar que deben manifestarse como uno solo y cuatro estratificaciones educativas.
Los dos tipos de educación son:
- Presencial + escuela en casa + virtualidad + digital.
- Presencial clásica.
Lo terrible es la aceptación, muchas veces acrítica, de los cuatro segmentos de población educativa que se expresan en los estudiantes:
- Con equipos de conexión remota + Internet + acompañamiento en casa en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Con equipos de conexión remota + Internet, sin posibilidades de acompañamiento pedagógico en casa.
- Sin equipos para la conexión remota, ni internet, solo con presencialidad intermitente y aproximación teórica a lo virtual-digital, excluidos de la bimodalidad.
- ubicados en regiones de difícil acceso, comunidades indígenas y rurales, para quienes lo virtual-digital es prácticamente ciencia ficción, pues los equipos de conexión y el internet no son parte de su cotidianidad ni entorno.
En ese contexto, la conectividad es un tema que marca la tenue y frágil línea entre la inclusión y la exclusión educativa. El derecho a la conexión universal y gratuita es una demanda democrática, no solo para la educación, pues marcará las posibilidades reales de ejercicio ciudadano en la cuarta revolución industrial.
En ese sentido existen dos corrientes en la élite capitalista y las corporaciones
La primera, plantea que el Internet debe tener costo para cada ciudadano o familia, ven al Internet como un servicio público privatizado.
La segunda, que considera en mercantilizar la conectividad y plantean llevar la conectividad a todos los territorios a cero o muy bajos costos. Ambas corrientes están mediadas por la lógica del capital.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – INEI, en el Perú solo el 40 % de hogares tienen acceso a Internet; y en zonas rurales apenas el 5,6 % accede a este servicio. Este es el gran reto para el gobierno, para que cerca de 8 millones de estudiantes de colegios públicos y privados en el país, adquieran los conocimientos esperados.
Finalmente, tengamos presente algo que el doctor en Ciencias de la Educación Miguel Ángel Santos Guerra dijo: “No hay educación a distancia. Puede haber instrucción, eso sí. No existe socialización desde la soledad y el aislamiento social. La educación exige comunicación y encuentro. El mundo virtual no nos permite relacionarnos intensamente, no nos enseña a convivir. El aprendizaje de la ciudadanía no se puede hacer a través de la pantalla porque a convivir se aprende conviviendo… Se participa de forma diferente cuando se está presente, cuando conoces y construyes el contexto de la acción”.
¡El SUTEP luchando, también está educando!