Con la llegada del gabinete del Premier Walter Martos, nos preguntamos, ¿cuáles deben ser las prioridades del ejecutivo en estos tiempos de crisis sanitaria? Sin duda la salud, educación y seguridad social son las bases sobre las que descansa el desarrollo y bienestar de toda sociedad. Sin ellas no se avanza.

Sabemos que el tiempo que tiene este gobierno es más limitado que el de anteriores, pero, lamentablemente, el contexto mundial exige toma de decisiones a la altura de las circunstancias, y esto quiere decir asumir las responsabilidades que otros mandatarios, en los últimos 30 años, postergaron indefinidamente. ¡El tiempo es ahora! 

No es secreto que todos los peruanos esperamos que la salud sea el primer sector en ser beneficiado con una mayor inversión pública. Nuestros médicos y enfermeras han demostrado estar a la altura de la extrema situación, arriesgando sus vidas a diario para atender a los enfermos de Covid-19 a lo extenso del territorio nacional.

La educación también es uno de los sectores que, de acuerdo al sentir nacional, debe ser atendido, pues, los 8 millones de estudiantes de Educación Básica Regular (EBR), representan el futuro de nuestro pueblo. Ellos serán los futuros médicos, policías, abogados, congresistas, que saldrán de aquellas aulas que ahora permanecen cerradas y son reemplazadas por alguna herramienta tecnológica en el marco del programa Aprendo en Casa. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no llegan a captar las ondas de radio o señal de televisión? Se les cierran las puertas automáticamente por no vivir cerca a una ciudad y no tendrán posibilidad de competencia futura.

La educación es la primera de las desigualdades.

En febrero, antes de la llegada de la pandemia al Perú, según Ipsos el 39% de peruanos consideraba que la educación debía ser la prioridad para el Congreso. Solo la lucha contra la corrupción y la delincuencia se consideraban temas más relevantes. Este panorama cambió en unas semanas, y salud pasó a encabezar la lista, totalmente entendible. Sin embargo, la ciudadanía es consciente de que la educación es un pilar fundamental que debe ser atendido para asegurar cambios en la forma de pensar y actuar de nuestra sociedad. Con la mejora de dicho sector se logrará combatir la corrupción, la falta de ética y moral que muchas de nuestras autoridades aún demuestran con todos los casos de malversación de fondos para atender la pandemia.

En este sentido, qué puede hacer el Congreso y el Poder Ejecutivo para allanar el camino hacia el Perú del futuro: Aumentar la inversión para mejorar calidad y cobertura de la educación pública.

No podemos seguir maquillando la realidad de la educación, no podemos permitir que nuestros niños sean negados desde el inicio de su vida el estudio que les permita desarrollar esas capacidades base para desenvolverse en el futuro. No podemos seguir recibiendo migajas presupuestales que no alcanzan para garantizar el alcance de Aprendo en Casa o la conectividad que les permita alcanzar las materias a estudiar.  

Por eso el Sutep exige:

Aumento de inversión en educación al 6% del PBI

La educación es el motor para acabar con la pobreza y desigualdad en el Perú. Sin embargo, el sector tiene brechas y necesidades que le impiden cumplir ese rol. Para que esto suceda, el Perú debe aumentar la inversión del 3.8% al 6% del PBI. Esto, además, fue un compromiso que adquirió el Estado peruano en el Acuerdo Nacional el año 2002 y que forma parte de la Ley General de Educación. Pero en este país, la ley es letra muerta.

Diversos estudios señalan que aumentando la inversión se podrían resolver estos problemas:

• Brecha de infraestructura: La actual brecha es de S/100 mil millones y esto se refleja, no solo en la falta de colegios, sino en el mal estado de los existentes. Más de 27 mil colegios tienen que ser demolidos y vueltos a construir.
• El 50% de colegios públicos no cuentan con servicios básicos como luz, agua y desagüe. ¿Es posible que en pleno siglo XXI y luego de 10 años de bonanza económica, los estudiantes y docentes no podamos contar, al menos, con baños en buen estado?
• Déficit mobiliario: La Contraloría General de la República indica en un informe que el 42% de colegios públicos no cuentan con un inventario físico apto, es decir, carecen de sillas, mesas y pizarras. 
• Mejores capacitaciones a maestros y maestras: Las capacitaciones que realiza el Minedu no tienen el nivel adecuado para lograr el incremento de la calidad educativa y no se realizan a nivel nacional.
• Déficit de auxiliares de educación: Para brindar una educación de calidad, es necesario contar con auxiliares para el nivel primaria en la modalidad de Educación Básica Regular, sin embargo la ley solo dispone auxiliares en la modalidad Educación Básica Especial.
• Brecha digital: El 79% de locales educativos no tiene acceso a Internet y el 55% de docentes no poseen habilidades para usar tecnologías digitales en el aula. Existen 8 alumnos por computadora en primaria y 6 en secundaria.
• Déficit de psicólogos: De acuerdo ley N° 29819, en el artículo 3°, estipula la designación de por lo menos un profesional de psicología en cada institución educativa para prevenir casos de acoso y violencia entre los alumnos.
• Salarios dignos para maestros y auxiliares de educación: Los maestros y auxiliares peruanos son de los peores pagados en la región. Demandamos que el piso salarial sea de 85% de una UIT.

¡Pago de la deuda social ya!

La deuda social se refiere al reconocimiento del pago por el trabajo que realizan los docentes en la preparación de clases y evaluaciones. El año 1991, el Estado reconoce la existencia de esta deuda luego de una masiva protesta del Sutep. La exministra Flor Pablo, aseguró que el pago de la deuda social era un compromiso de Estado. Sin embargo, no se ha cumplido con este compromiso.

Es inaceptable que el Estado someta al magisterio a un largo proceso judicial para reconocer un derecho conquistado hace más de 25 años. Mediante nuestro Pliego de Reclamos demandamos la urgente transferencia de S/500 millones para el pago de este derecho. Esta lucha es consecuente y el 2019, producto de un importante paro del Sutep, el gobierno destinó S/200 millones.

Este monto es insuficiente y no resuelve el problema.  Los mismos funcionarios del Ministerio de Justicia, reconocen que cada vez que un maestro inicia un proceso judicial gana, y que esto genera pérdida de recursos y tiempo para el Estado. Sin embargo, el Ministerio de Economía tiene la política de dejar que los maestros mueran sin cobrar. Por esto, demandamos que el Congreso asuma el compromiso con los maestros y maestras de todo el Perú y se apruebe los proyectos de ley que permitan el pago de la deuda social sin judicializar.