La Constitución que actualmente enmarca la legalidad peruana se impuso luego del golpe de Estado que el dictador Alberto Fujimori dio en 1992. Su intención fue copar todos los poderes gubernamentales a través de esa nefasta Carta Magna para imponer su agenda sin ninguna resistencia.

Una de las medidas de mayor impacto para el Perú fue en el plano económico. Luego de acudir a Estados Unidos y reunirse con economistas neoliberales, el Consenso de Washington implementó sus medidas económicas para el país a través de la dictadura fujimorista. El FMI, el Banco Mundial, la Reserva Federal de los EE.UU. y el mismo gobierno norteamericano le dieron todo el marco económico al dictador para que lo implemente sin debate previo. Es así que se nos impone la ley de la oferta y la demanda y la ley de libre mercado, en la que nuestro aparato estatal no puede más que observar cómo, supuestamente, el mercado equilibra los precios. Sin embargo, todos sabemos de los negociados bajo la mesa que hacen las grandes empresas para concertarlos y fijarlos buscando la máxima ganancia a costas de la economía de la población.

Otra nefasta medida de esta Constitución fue facilitar la privatización de las empresas estatales. Prueba de ello es que durante la dictadura fujimorista se privatizó 228 empresas peruanas que fueron vendidas a sus socios y familiares a precios ganga. En la actualidad seguimos viviendo las repercusiones de esta Carta Magna, pues, con la Resolución Ministerial 326, el Estado pretende desligarse de su deber y propiciar la privatización de las escuelas públicas a entidades privadas nacionales o extranjeras.

Es conocido por todos que dicho marco normativo garantiza los intereses de los grandes empresarios, les proporciona el marco legal para que sus negocios no se vean afectados por decisiones gubernamentales. Es decir, el Estado mira cómo las grandes transnacionales hacen y deshacen en nuestro territorio. Está pensada a favor de la gran empresa, no del pueblo. ¿Cómo? A través de la competencia injusta y candados contractuales. Vemos cómo grandes compañías compiten con empresas nacionales, tirándoles los precios al piso, eventualmente extinguiéndolas. Además, establece estabilidad tributaria a los contratos para que una vez firmados, el Estado no les pueda hacer pagar impuestos proporcionales a sus ganancias, así tengan gigantescas utilidades. 

Gracias a que se impuso dicho marco jurídico, el Perú pudo ingresar al mercado internacional, lo que se ha confundido con el desarrollo económico. Lo poco que nos ha llegado, en cifras económicas, no son más que migajas comparado a las astronómicas ganancias de las grandes empresas, sin embargo, hay quienes convenientemente celebran la Constitución de Fujimori diciendo que nos permite ganar más dinero. Coincidentemente son aquellos ligados a grandes capitales de la Confiep.  

Uno de los temas que necesitan mayor atención, para que sean derogados, es el que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tal como lo es el derecho a un trabajo regulado. Con este marco legal los empresarios cuentan con el respaldo legal para explotar al trabajador peruano. Por ejemplo, respecto a la actividad sindical; la Constitución la limita de forma abusiva, de la misma forma como sucedió con la negociación colectiva, prácticamente desaparecida.  

Si se quiere hablar de qué capítulos son necesarios cambiar puntualmente, para refundar nuestro país, se tendría que cambiar toda la Constitución, pues, al igual que las obras escritas, los capítulos están concatenados unos al otro, lo que le da un sentido en su totalidad que no hace otra cosa más que marginar al pueblo peruano y anteponer los intereses privados a los del pueblo y su desarrollo digno.

El momento del cambio ha llegado, nos corresponde sumarnos al movimiento juvenil y enseñarles el camino hacia el cambio que ellos también exigen a aras de nuestro futuro.

¡Unidos venceremos!¡Asamblea Constituyente ahora!