• La actual Constitución es el resultado de un golpe de Estado.
• SUTEP logró que la educación se considere como derecho fundamental, pero el Estado no cumple su rol. 

El cambio de Constitución Política en el Perú no es una propuesta nueva. La han planteado en las últimas tres décadas reconocidos políticos y juristas de distintas vertientes, como Javier Diez Canseco, Henrry Pease, Alberto Borea, Javier Valle Riestra, Domingo García Belaunde y Francisco Eguiguren, lo que confirma que es un planteamiento impulsado no solo por las fuerzas sociales y populares de izquierda, sino también de centro y derecha.

El 5 de abril de 1992, Fujimori dio un golpe de estado.

La actual constitución fue el resultado del autogolpe de Estado perpetrado el 5 de abril de 1992 por Alberto Fujimori, instaurando desde ese momento una dictadura cívico – militar, maniobrada por Valdimiro Montesinos, que sometió a toda la institucionalidad del país y rompió el sistema democrático. No lo decimos nosotros, lo dice el considerando 53 de la Sentencia 014-2002 del Tribunal Constitucional. Lee la sentencia aquí: bit.ly/3xnnaqp. 

La Constitución de 1993 instauró el modelo neoliberal en el Perú.

La Carta del 93 fue elaborada sin la participación de las organizaciones de base ni los pueblos indígenas; sin participación activa de trabajadores o campesinos, como sí sucedió con la Constitución del 79, que fue el fruto de un amplio debate en el que estas voces estuvieron presentes a través de la Asamblea Constituyente que el pueblo eligió de manera libre y democrática, y que fue convocada gracias a la lucha del pueblo, en la que el SUTEP tuvo un rol protagónico.

Ahora, que el pueblo en las calles reclama un nuevo pacto social, conviene exponer qué aspectos son los que se cuestionan de la constitución vigente y por qué debe ser cambiada con plena participación de la ciudadanía.

Modelo excluyente 

Se habla de bonanza económica pero esta no reduce las brechas sociales.

El modelo neoliberal que introdujo la Constitución del 93 es excluyente y ha fracasado, no solo a nivel político, sino también social. Ello fuerza al Estado a privilegiar los intereses privados en desmedro del derecho del pueblo a aspectos básicos como salud y educación de calidad, por lo que las inversiones necesarias para reducir las brechas existentes no son efectivas. 

Los defensores de la Constitución del 93 siempre hablan del milagro económico peruano y sus resultados a nivel macro, pero omiten decir que esa bonanza no se siente en mejoras concretas para la población. La precariedad de vivienda, servicios básicos o atención sanitaria y educativa continúa. El 50 % de escuelas está al borde del colapso según el Ministerio de Educación. 

El SUTEP conquistó la reforma del artículo 16 de la Constitución, logrando que se consagre en ella que la educación es un derecho fundamental y por lo tanto el Estado está obligado a destinar no menos del 6 % del PBI al año para garantizarlo. Sin embargo, el Estado o los gobiernos de turno se sacuden de la obligación por mejorarla, favoreciendo a los privados bajo la consigna de que la inversión privada en educación está protegida por la constitución, lo que ha permitido un sistema que no asegura la calidad. 

Parte del modelo excluyente que ampara la Constitución del 93 se refleja, por ejemplo, en la presencia de la AFP (Artículo 11), que administran los fondos de pensiones de los trabajadores, quienes son los principales perjudicados por sus actividades. Las AFP invierten los aportes de los trabajadores y cuando esas inversiones tienen pérdidas, el afectado es el aportante, que ve reducido su fondo, mas no la administradora, quien sigue ganando en cualquier circunstancia. 

La Constitución del 93 permitió el ingreso de las AFP.

La Constitución del 93 introdujo los contratos ley (Artículo 62), mecanismos por los cuales el Estado entregó los recursos naturales a grandes capitales para su explotación, pero sin la posibilidad de renegociar el cobro de mayores impuestos, actualizados a las ganancias obtenidas por las grandes empresas. Los contratos ley establecen candados que tienen al Estado de manos atadas y sin poder obtener mayores beneficios. No se tiene conocimiento de que se aplique en otros países del mundo. 

Cambios políticos 

Por otro lado, la actual Constitución favorece a la corrupción, pues permite que partidos políticos sin verdadera representatividad, es decir sin bases, ni locales, y mucho menos procesos democráticos internos, accedan al poder gracias al financiamiento de grupos de poder económico y de actividades ilegales. 

A ello sumamos que la Constitución no establece reglas claras para el equilibrio de poderes, lo que ha generado una crisis como la que vivimos desde el 2016 con la pugna entre Ejecutivo y Legislativo (Capítulo I), mientras el pueblo sigue a la espera de reformas reales que reduzcan la pobreza y pobreza extrema.

Tampoco permite avances hacia una real descentralización. Según la Constitución vigente (Artículo 190) se considera región a la unión de dos o más departamentos, mientras que en la práctica lo que se tiene es la partición del país en 26 jurisdicciones sin integración social, cultural, administrativa, productiva, económica ni de desarrollo.

Desde el SUTEP, luchamos por una nueva Constitución. Ha habido crecimiento económico, eso es innegable. Pero a nivel de construcción de patria y de mayor igualdad social se ha hecho muy poco, porque el modelo económico no lo permite. La pandemia ha evidenciado la fragilidad de la economía, que creció, pero de una manera bastante desigual y con aumento de informalidad y precariedad económica de la pequeña empresa o el trabajador independiente. 

Maestros y auxiliares del SUTEP luchamos por el adelanto de Elecciones Generales y un referéndum para que el pueblo decida si quiere una nueva Constitución.

Desde el sindicato absolutamente mayoritario del magisterio peruano, invitamos a la ciudadanía a abrir el debate. No basta con burlarse de ciudadanos que no hayan recibido la información completa, es necesario que expongan y debatan sus argumentos técnicos y políticos para que, bien informados, los peruanos podamos tomar una decisión sobre si tenemos que proceder a una Asamblea Constituyente y no suceda lo que pasó en Chile una vez acabada la convulsión social.

¡Por un nuevo pacto social!

¡Sí al cambio de Constitución!