Dos medidas para que el nuevo Congreso mejore la educación

  • Más del 54% de la población considera que el Congreso debe priorizar el sector educación en este periodo legislativo. 
  • El Congreso debe aumentar la inversión en educación al 6% del PBI y destinar fondos al pago de la deuda social. 

A puertas de la instalación del nuevo Congreso de la República, ¿cuáles deben ser sus prioridades legislativas? El anterior Congreso dejó muchos temas pendientes porque solo se dedicó a defender a sus líderes políticos involucrados en el caso Lava Jato. Por tanto, la tarea del siguiente Congreso es grande aunque el periodo con el que cuenta sea corto. Son poco más de 13 meses y hay que tener claridad en los temas a priorizar. 

Sin duda la educación es un tema fundamental para nosotros como maestros, pero también lo es para la mayoría de la población. Según Ipsos  (19 de febrero vía El Comercio) el 39% de personas considera que la educación es un tema que debe ser prioridad para el nuevo Congreso. Solo la lucha contra la corrupción y la delincuencia se consideran temas más relevantes. Además, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP, febrero) señala que el 54% considera que la educación debe ser la prioridad.

¿Qué puede hacer el Congreso por la educación en el Perú?

Aumentar la inversión para mejorar calidad y cobertura.

No podemos seguir maquillando colegios o resolviendo solo los problemas de una cantidad mínima de instituciones educativas, tampoco podemos seguir recibiendo migajas presupuestales que no alcanzan para garantizar alimentos para los alumnos o para que exista un psicólogo en cada escuela. 

Desde el Sutep proponemos una agenda mínima, pero fundamental, al actual Congreso: 

Aumento de inversión en educación al 6% del PBI

La educación es el motor para acabar con la pobreza y desigualdad en el Perú. Sin embargo, el sector tiene brechas y necesidades que le impiden cumplir ese rol. Para que esto suceda, el Perú debe aumentar la inversión del 3.8% al 6% del PBI. Esto, además, fue un compromiso que adquirió el Estado peruano en el Acuerdo Nacional el año 2002.

Diversos estudios señalan que aumentando la inversión se podrían resolver estos problemas:

  • Brecha de infraestructura: La actual brecha es de S/100 mil millones y esto se refleja, no solo en la falta de colegios, sino en el mal estado de los existentes. Más de la mitad de colegios públicos no cuenta con servicios básicos. 
  • Déficit inmobiliario: La Contraloría General de la República indica en un informe que el 42% de colegios públicos no cuentan con un inventario físico apto, es decir, carecen de sillas, mesas y pizarras. 
  • Mejores capacitaciones a maestros y maestras: Las capacitaciones que realiza el Minedu no tienen el nivel adecuado para lograr el incremento de la calidad educativa y no se realizan a nivel nacional.
  • Déficit de auxiliares de educación: Para brindar una educación de calidad, es necesario contar con auxiliares para el nivel primaria en la modalidad de Educación Básica Regular, sin embargo la ley solo dispone auxiliares en la modalidad Educación Básica Especial.
  • Brecha digital: El 79% de locales educativos no tiene acceso a Internet y el 55% de docentes no poseen habilidades para usar tecnologías digitales en el aula. Existen 8 alumnos por computadora en primaria y 6 en secundaria.
  • Salarios dignos para maestros y auxiliares de educación: Los maestros y auxiliares peruanos son de los peores pagados en la región. Demandamos que el salario debe ser mínimo de 85% de una UIT.

¡Pago de la deuda social ya!

La deuda social se refiere al reconocimiento del pago por el trabajo que realizan los docentes en la preparación de clases y evaluaciones. El año 1991, el Estado reconoce la existencia de esta deuda luego de una masiva protesta del Sutep. La exministra Flor Pablo, aseguró que el pago de la deuda social era un compromiso de Estado. Sin embargo, no se ha cumplido con este compromiso.

Es inaceptable que el Estado someta al magisterio a un largo proceso judicial para reconocer un derecho conquistado hace más de 25 años. Mediante nuestro Pliego de Reclamos demandamos la urgente transferencia de S/500 millones para el pago de este derecho. Esta lucha es consecuente y el 2019, producto de una importante huelga del Sutep, el gobierno destinó S/200 millones.

Este monto es insuficiente y no resuelve el problema de la judicialización del pago de la deuda. Por esto, demandamos que el Congreso asuma el compromiso con los maestros y maestras de todo el Perú y se apruebe el P.L. 2504 que permite el pago de la deuda social sin judicializar.

 

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