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En defensa de la educación pública: ¡No a la RM 326!

  • RM N° 326 allana el camino para la privatización de la educación pública.
  • Ante desgobierno no permitiremos que se mercantilice el futuro de los niños y niñas.

Durante décadas el capital privado ha buscado ingresar por la puerta falsa a la educación pública. Para nadie es secreto que, durante el gobierno de Alan García y la dictadura de Alberto Fujimori, se intentó, a través de proyectos maquillados, allanar el camino para que las empresas, nacionales o extranjeras, tengan injerencia en este importante sector. Sin embargo, nunca pudieron ingresar, pues la opinión pública fue alertada a tiempo por el Sutep del peligro que corría el futuro de nuestros hijos.

En estos difíciles tiempos de pandemia y distanciamiento social, como si no fuese suficiente el castigo causado al pueblo peruano por el Covid-19, se suma una nueva preocupación en forma de política gubernamental que pretende ser ingresada, una vez más, por la puerta falsa. La Resolución Ministerial N° 326, busca facilitar convenios entre el Ministerio de Educación con empresas privadas para que éstas puedan financiar económicamente las necesidades que el Estado debe cubrir. Es decir, financiar a una o más instituciones educativas públicas. Si bien la norma contempla el ingreso únicamente a empresas o ONGs sin fines de lucro, podría pasar lo que sucede en las escuelas parroquiales, donde el cobro es indirecto. Con esto el aparato estatal estaría evadiendo su responsabilidad constitucional de asegurar una educación de calidad gratuita para todos los peruanos a través del presupuesto idóneo.

Todos sabemos que la finalidad de una empresa es generar ganancias y cuando un proyecto no cumple con esta cualidad, es terminado. Bajo esta premisa, si se continúa con estas políticas que a futuro nos llevarán a una privatización total del sistema educativo, ¿qué pasará con aquellas instituciones alejadas, que no signifique ganancias inmediatas, sino inversión social a largo, a larguísimo plazo? La respuesta se cae de madura: serán cerradas.  

De llegar a este supuesto, la gestión de la que nos encargamos los docentes, auxiliares y trabajadores de la educación será traspasada a manos de los privados, pues una vez bajo el mando de una institución educativa, tendrán potestad de contratar a quienes ellos consideren necesarios. 

Por si fuera, la mentada resolución contempla que se creen cadenas de colegios administrados por la misma entidad, lo que es una peligrosa puerta de entrada para consorcios privados.

Es por ello que, como único interlocutor válido del magisterio nacional, exigimos al presidente Martín Vizcarra que derogue la Resolución Ministerial N°326 por ser sumamente nociva para los intereses de la Nación. No permitiremos que políticas neoliberales, centradas únicamente en la generación de ganancias, nieguen el derecho de los niñas y niños peruanos a una educación gratuita de calidad.

Le recordamos al gobierno de turno que la responsabilidad asumida se centra en brindar salud, educación, seguridad y previsión social a todos los peruanos. Deslindarse de este papel significa incapacidad en el cargo.

Por otro lado, recordamos al Ministro de Educación, Martín Benavides, que los docentes fallecidos a causa del coronavirus suman más de 650, y tomando en cuenta que por cada docente ausente hay 60 alumnos sin guía, hablamos de más de 100 estudiantes que esperan volver a tener un maestro o maestra y continuar con su aprendizaje.

Purguemos esos ánimos de privatización de la educación pública y concentrémonos en mejorarla. ¡Presupuesto hay, solo falta voluntad!

¡El Sutep defiende la educación pública de calidad!

¡No a la privatización de la escuela nacional!

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