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Exigimos a Castillo que cumpla sus promesas de campaña

  • El magisterio peruano se siente decepcionado y traicionado.
  • El país necesita cambios estructurales que nos saquen del ciclo de pobreza y corrupción de la Constitución del 93.

Castillo asumió el gobierno el 28 de julio del 2021.

Como demócratas, consideramos que el presidente tiene que terminar el periodo para el cual fue electo. Pero del mismo modo le exigimos que cumpla sus promesas de campaña. ¡El pueblo peruano está harto de mentiras!.

Las promesas al magisterio

Lo que el magisterio tiene presente en todo momento es que nuestro actual presidente es un maestro de escuela rural. Castillo utilizó las demandas magisteriales para lograr el respaldo de los maestros, maestras y auxiliares de educación durante su campaña política. Disfrazado de líder sindical hizo importantes promesas. Sin embargo, al parecer solo jugó con las expectativas y necesidades de los docentes y auxiliares del país. Es decir, es otro presidente demagogo más.

Un sector de la ciudadanía le dio su apoyo ante el ofrecimiento de hacer cambios estructurales, que supuestamente acabarían con la pobreza en nuestro país. A casi ocho meses de iniciado el gobierno, no hay una sola reforma emprendida. 

El discurso de Pedro Castillo en la campaña electoral fue reivindicar a sectores excluidos del país.

10 % del PBI

A finales del 2020, nuestro sindicato, luego de 18 años de luchas, logró que se modifique el artículo 16 de la Constitución y se incluya que el Estado está obligado a invertir no menos del 6 % del PBI al año para la educación peruana. 

De esta manera, la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes ha sido reconocida como un derecho fundamental.

Al ser consultado por la prensa sobre esta medida, Castillo exclamó que en su gobierno se iba a invertir ¡el 10 % del PBI en este sector! Medida que consideramos demagógica y que demuestra un total desconocimiento de la distribución de los recursos del país. Sin embargo, debería hacer el mayor esfuerzo posible por acercarse al 6 % que es perfectamente viable y es una propuesta con sustento técnico acogida por el Acuerdo Nacional desde el 2002 y olvidada por todos los gobiernos de turno. ¡Solo el SUTEP se mantiene firme en la exigencia de este derecho!

 

Aumento de sueldo base equivalente a 1 UIT para docentes y auxiliares

La Unidad Impositiva Tributaria este año asciende a s/ 4,600. Según la promesa electoral, este debería ser el sueldo de un docente de primera escala, el cual tiene que incrementarse proporcionalmente en las escalas superiores.

Cuando Castillo fue electo el piso salarial de un maestro de primera escala ascendía a s/ 2,200. Para que Pedro Castillo pueda materializar su gran deuda con el magisterio peruano tiene que hacer incrementos de casi s/ 500 anuales y de este modo alcanzar el monto prometido para el final de su gobierno. Lo único que ha asignado para este año son s/ 100 adicionales a la remuneración, lo que no se puede considerar como cumplimiento de la promesa. 

El gobierno habla de s/ 200. Sin embargo, le recordemos que los s/ 100 restantes se darán en noviembre; es decir, prácticamente el próximo año.

Los maestros del SUTEP hemos dicho que este “aumento” es irrisorio y que no coincide con el incremento del costo de vida. Nuestro pliego de reclamos demanda el 85 % de 1 UIT para docentes y auxiliares, pero ante la efusiva promesa del mandatario promoveremos la unidad para que esta se cumpla.

Incremento de pensiones para cesantes y jubilados

¿Qué mayor reconocimiento puede tener un maestro que le entrega su vida a la educación de los niños, niñas y jóvenes del Perú que tener una vejez digna? Durante la campaña presidencial el candidato Castillo endulzó los oídos de docentes adultos mayores diciendo que tendrían pensiones acorde al costo de vida.

Como en muchas otras promesas, el actual gobierno hasta ahora no dice cómo piensa lograr este incremento, ni siquiera en qué consiste, cuándo se llevaría a cabo o qué podemos esperar. Al parecer era otra promesa vacía que se lanzó para que este sector del magisterio lo apoye en su campaña política para luego desecharlo y relegarlo al olvido. ¡Pero el SUTEP no olvida a sus cesantes y jubilados!

Nuestro pliego de reclamos exige que los cesantes y jubilados tengan una pensión equivalente al sueldo de un maestro de primera escala. En la situación actual sería de s/ 2,300, lo que es les permitiría tener una vejez digna. Recordemos que actualmente un docente recibe en promedio s/ 500, suma insignificante que no permite costear los gastos en una edad avanzada.

Es por eso que los docentes cesantes y jubilados tienen que sumarse a la lucha del SUTEP, para que el presidente Castillo cumpla sus promesas. De este modo recibirían s/ 4,600 en lugar de una pensión indigna.

Los cesantes y jubilados de educación reciben pensiones de hambre.

Cambios estructurales que el país necesita

Ya dijo el gran dirigente de izquierda, Alfonso Barrantes Lingán (“Frejolito”), que en este país un político que no robe ya sería una revolución. Los peruanos somos testigos de cómo la corrupción nos ha atado al subdesarrollo y no nos ha permitido eliminar la pobreza para que todos y todas podamos tener una vida digna.

Segunda reforma agraria

Durante el Gobierno Revolucionario de la Fuerzas Armadas, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, se ejecutó la Reforma Agraria en nuestro país. Gracias a ella, se acabó con las haciendas y latifundios, y millones de campesinos se volvieron propietarios de sus tierras, devolviéndoles la dignidad y su condición de seres humanos.

Por desgracia, la falta de capacitación y apoyo económico y logístico, no permitieron que nuestro sector agrícola alce vuelo. Con los siguientes gobiernos reaccionarios el agro sufrió un profundo abandono. Esto, junto a la incursión sanguinaria de Sendero Luminoso, obligó a muchos a migrar a las ciudades. Miles de campesinos optaron por vender sus tierras y con el pasar de las décadas el pequeño campesino se encuentra en una situación insostenible, mientras que el nuevo latifundista agroindustrial goza de millonarias ganancias mientras explota a sus trabajadores.

Lamentamos que la tan mentada “Segunda Reforma Agraria” haya caído en el olvido luego de que se lanzara con bombos y platillos en el Cusco durante la gestión del expremier Guido Bellido. Consideramos que esta es una de las reformas más importantes que se puedan llevar a cabo, ya que serviría para dar trabajo directo y digno a miles de peruanos. Si el campesino es dueño de su tierra, que la trabaje y que ese trabajo le permita ofrecer una vida digna a su familia, así como las oportunidades para lograr su desarrollo.

Los campesinos del país siguen olvidados por el Estado.

Una nueva Constitución

Nada va a cambiar si la carta magna sigue avalando una estructura social que favorece la desigualdad y la corrupción. En base a un modelo entreguista que sirvió a la dictadura fujimorista para vender los principales activos del país a empresas transnacionales y de paso embolsicarse miles de millones de dólares, la actual Constitución favorece los intereses de los grupos de poder económico locales e internacionales a costa de los derechos de los trabajadores y del pueblo peruano. 

El Perú necesita un nuevo pacto social.

Necesitamos un nuevo pacto social que sirva a las necesidades de los peruanos y peruanas y que se adapte a la realidad que vivimos en el Siglo XXI. Supuestamente, la actual Constitución promueve el libre mercado, pero al mismo tiempo permite los monopolios y los abusos de las grandes corporaciones como en el sector farmacéutico. Al ver el precio de los alimentos, también nos damos cuenta de que solo dos empresas controlan el 80 % de su producción. Esto afecta directamente la capacidad económica de todos los peruanos y peruanas.

Es una Constitución que centraliza el poder y los recursos del Estado, bloquea los derechos laborales y entrega nuestros recursos naturales a las grandes trasnacionales sin tomar en cuenta los derechos de las comunidades indígenas.

Al parecer, el gobierno ya claudicó ante el cargamontón de la derecha reaccionaria y los medios de comunicación que defienden a capa y espada un marco legal que no beneficia a la mayoría de los peruanos y peruanas.

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