Telefónica ha sido acusada de haber ocultado información solicitada por la Fiscalía para las investigaciones con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ante esta grave acusación, conviene repasar cuáles son los vínculos entre la empresa de telefonía y el fujimorismo.

La primera “gran” privatización, acontecida en 1994 durante el gobierno del exdictador Alberto Fujimori, fue la del servicio de telefonía, antes a cargo de las empresas estatales Entel Perú y la Compañía Peruana de Teléfonos. El servicio fue privatizado a través de una subasta donde resultó ganadora la Telefónica de España, con una oferta de 2,002 millones de dólares. Lo que en un principio parecía un logro del gobierno, debido que en los años subsiguientes las conexiones de telefonía domiciliarias se expandieron notablemente a los sectores populares urbanos y rurales, escondía otra realidad: el monopolio del servicio, estipulado hasta 1999. Esto trajo como consecuencia la imposición de costos elevados, lo que hizo del Perú uno de los países con el servicio de telefonía más caro de la región.

Por otro lado, la privatización significó un despido masivo de los trabajadores de Entel Perú y la Compañía Peruana de Teléfonos. De esta manera, la masa laboral se redujo considerablemente. En contraposición a estas consecuencias negativas para los trabajadores, la empresa Telefónica disparó sus ganancias, debido a que la compra del servicio significó para ellos un costo de inversión menor en consideración a las ganancias que empezó a generar, revelando una evidente subvaloración del servicio al momento de su compra.

Otro vínculo del fujimorismo con esta empresa fue revelada por el congresista Yonhy Lescano, cuando en el 2004 denunció que Santiago Fujimori, hermano del exdictador Alberto Fujimori, fue contratado como asesor de imagen de esta empresa. En ese tiempo, Lescano cuestionó que una empresa de telefonía le pagara cerca de $10, 500 a un abogado por realizar este servicio.

Cabe recalcar que el medio digital Convoca.pe ha denunciado que en la reunión que sostuvieron los representantes de las principales empresas en el Perú en el 2011, luego de la primera vuelta electoral, se recaudó dinero para favorecer la campaña de Keiko Fujimori. En dicha reunión se encontró un representante de la empresa Telefónica.

No es de extrañar entonces que esta empresa oculte información relevante que pueda perjudicar a la lideresa fujimorista. Aunque la empresa asegura en un comunicado oficial que no ha eliminado ningún registro de llamadas solicitado para la investigación, la denuncia de la trabajadora encargada de recolectar estos registros es contundente. Ante esta situación, la Fiscalía debe estar alertar y no permitir que ninguna empresa perjudique la investigación, ni que se blinde corruptos.